Pavel Durov, el CEO de Telegram, fue detenido al llegar a Francia y podría recibir 20 años de cárcel. El desarrollador ruso se negó a «moderar» mensajes de su red, ni siquiera los de posibles fines delictivos, y por eso la justicia francesa lo acusa de fraude, tráfico de drogas, bullying cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo (fuente Perfil)

En síntesis, se acusa a Telegram, personificada por su CEO, de no haber establecido protocolos de control ni bloqueo de mensajes y contenido que podrían involucrar la comisión de algún delito.

Eventualmente los mismos reproches, aunque sin llegar a encarcelar a sus titulares, han sufrido Facebook, Instagram y hasta Google. En estos casos cada una ha impuesto sus filtros, la mayoría de las veces excesivos e incorrectos, bloqueando posteos y contenido que podrían traerles algún conflicto con la ley. La mayoría de las veces excesivos e incorrectos, decía, porque lejos de haber disminuido la cantidad de estafas y delitos de todo tipo que se cometen aprovechando sus plataformas, lo que terminan bloqueando son contenidos que quizás, talvez, en una de esas podrían llegar a ser conflictivos: la foto en la que se ve medio pezón, la madre bañando a su bebé o la música de fondo de tu video que resultó ser propiedad de alguien más. Pero que te ofrezcan un auto despiezado todavía con las manchas de sangre de su legítimo dueño, no estaría siendo un problema.

De todas formas, mi planteo no es que las redes sociales y aplicaciones de mensajería deban hacerse cargo de lo que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad y por lo tanto al estado, sino porqué los ataques judiciales siempre son contra esas empresas pero nunca contra las proveedoras de un servicio que, a todas luces, es muchísimo más usado para todo tipo de delitos y desde hace muchísimo más tiempo: el teléfono.

Alguna vez escuchaste que a un juez se le ocurriese denunciar a Telefónica o a Telecom porque brindó el medio de comunicación a través del cual un secuestrador llamó pidiendo el rescate y así pudo concretar su crimen? En algún rinconcito de tu memoria existe aunque sea un vago recuerdo de que, luego de que los medios nos aplastaran la paciencia reproduciendo escuchas de llamadas telefónicas en casos de corrupción, el fiscal acusara a Claro, Personal o Tuenti de ser cómplice en el delito?

Porqué podría ser partícipe necesario Telegram si alguien comercia éxtasis por su red, pero si el dealer atendía a sus clientes por un teléfono de línea, nuestra benemérita y difunta Entel jamás recibió una citación judicial por eso?

Por supuesto que lo que estoy planteando es ridículo. Pero lo que quiero es que se note que es tan ridículo culpar al teléfono por lo que se hace con él, como culpar a un servicio de mensajería o red social por lo que hacen sus usuarios.

En Buenos Aires la mayoría de nuestras plazas han sido enrejadas porque el estado es incapaz de controlar lo que pasa en ellas durante la noche. Pero lejos de obtener el resultado deseado, lo que crearon fue una zona protegida y, cuando oscurece, exenta de curiosos. Como una zona de libre comercio que favorece la concreción de todo tipo de ilícitos. En este caso el intendente o el jefe de gobierno, que por permitir la existencia de esa plaza está propiciando una zona particularmente favorable para el cultivo de crímenes… debería ir una temporada de vacaciones a Alcatraz?

Y cuando luego de robar un banco los delincuentes se escapan a toda prisa en un auto… el estado llama al estrado al presidente de la automotriz en cuestión por no haber arbitrado los medios para impedir que sus productos sean usados para evadir a la justicia?

Y más curioso aún: nunca un fabricante de armas fue preso porque sus productos se usaran como herramienta imprescindible en un homicidio, por ejemplo. Cuestionado por parte de la sociedad, puede ser. Pero preso, nones.

Tampoco va preso el dueño de un banco por los tesoros prohibidos que sus clientes guardan en sus cajas de seguridad. De hecho en general no van presos casi por nada, así que ese rubro por ahora dejésmolo de lado.

Pero de pronto nos tiene que parecer razonable que si unos cretinos usan Telegram para vender riñones, la culpa sea de Pavel Durov.

Muerto el perro

Años atrás presenciamos el cierre de servidores de intercambio de archivos y el enjuiciamiento de sus dueños. Redes P2P de música, software y contenidos varios terminaron en todas con algún perjuicio para los creadores del espacio como un remedio implacable ante la ineficacia de la justicia para perseguir a quienes cometían un delito usando esas redes. Mucha empresa clausurada, mucho servidor volteado… poco pirata real encarcelado. Muerto el perro y la rabia está como mucho de velorio, pero no se acabó ni un poquito.

Tercerizar los servicios de inteligencia

Lo que los estados pretenderían, parece, es que las empresas hagan por su cuenta lo que, aunque no nos guste, deberían hacer sus servicios de seguridad: inteligencia criminal en las redes. Cierto es que en manos del estado ese tipo de controles devienen más en espionaje político y herramental de censura previa que en prevención del delito. Pero de ninguna manera es aceptable no sólo que se pretenda, sino que siquiera se acepte que una empresa privada lo haga. Suficiente es que tengamos que aceptar que hagan con nuestros datos, usos y costumbres digitales lo que se les dé la gana y los comercien como mejor les parezca, cómo para que además el gobierno los obligue a convertirse en policía de contenidos.

Eso, repito, aunque no nos guste, es tarea del estado. Entendiendo primero una cuestión fundamental: la inteligencia y el espionaje por parte del estado es, sino deseable, a todas luces inevitable. Expuesta o clandestina, sucede. Pero como la información recolectada rara vez es usada para los fines correctos, la solución más práctica es colgar en la plaza, cada tanto, a un Pavel Durov.

Primero la libertad de expresión.
Segundo Francia.

Salute!

Gracias por compartir!